Techo de la deuda
Límite de endeudamiento es un término que se refiere a la cantidad máxima de dinero que puede pedir prestado legalmente el gobierno de Estados Unidos. Con el fin de controlar la cantidad de deuda que se contrae en un año determinado, el Congreso ha aprobado a lo largo de los años diversas leyes que exigen una votación para elevar o suspender el límite de deuda. El límite actual de la deuda está fijado en 20 billones de dólares y es probable que haya que aumentarlo antes del 1 de octubre de 2017, ya que está suspendido automáticamente desde el 9 de marzo de 2015, cuando se alcanzó el límite anterior.
Aunque a menudo se proponen medidas para controlar el gasto y hacer frente a los déficits presupuestarios como alternativas al aumento o la suspensión del techo de la deuda, la mayoría de los economistas coinciden en que aumentar la capacidad de endeudamiento en lugar de restringir el gasto puede ayudar a evitar el impago y prevenir graves consecuencias económicas.
Históricamente, el techo de deuda solo se ha elevado 74 veces desde 1939. La votación más reciente para elevar el límite fue en 2015, cuando se aprobó por un estrecho margen con el apoyo mayoritario de los demócratas debido a la oposición de los miembros del movimiento Tea Party, que se oponen a elevar el techo de la deuda como signo de irresponsabilidad fiscal por parte de los legisladores. Esta vez, muchos representantes y senadores republicanos también han declarado que se opondrán a cualquier aumento sin las correspondientes reducciones del gasto público o recortes de las prestaciones sociales. Sin embargo, sigue existiendo la preocupación de que algunos se dejen convencer por la trayectoria empresarial de Trump y sus promesas de aumentar el gasto en infraestructuras, recortar impuestos y reducir la regulación para aprobar leyes que suspendan o eleven el techo antes de la fecha límite del 1 de octubre de 2017.
Además de poder provocar un impago y causar inestabilidad en los mercados financieros, el riesgo de no elevar el techo de la deuda es que podría afectar negativamente a varios programas gubernamentales, como la Seguridad Social, Medicare y Medicaid. También podría causar graves problemas económicos a particulares y empresas. Por ejemplo, los tipos de interés de las hipotecas podrían aumentar al rebajarse la calificación crediticia federal y escasear el dinero tanto para los consumidores como para las empresas que necesitan préstamos para inversiones a corto plazo o compras de mayor envergadura, como viviendas o automóviles.
Mientras que algunos dicen que la responsabilidad fiscal debe priorizarse a toda costa, otros argumentan que permitir que el gobierno incumpla tendría consecuencias aún peores sin ningún beneficio claro para los contribuyentes. Mientras el Congreso se prepara para votar otro aumento del techo de la deuda antes del 1 de octubre de 2017, queda por ver si pueden dejar de lado las disputas partidistas y tomar una decisión que beneficie al país en su conjunto.